Salvaguardando la Amazonía: Derogación de la Ley Antiforestal

En un paso significativo hacia la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas, la derogación de la Ley 31973, conocida como la «Ley Antiforestal», ha sido aprobada en la décimo octava sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Este dictamen se da como respuesta a las preocupaciones sobre el incumplimiento de la consulta previa, la impunidad en crímenes forestales, el riesgo para los pueblos indígenas, entre otras razones que aprenderemos en este artículo.

¿Qué es «DEROGACIÓN»?

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La Ley 31973 ha sido controversial desde su promulgación el pasado 10 de enero. Una de las principales críticas es su aprobación sin haber consultado a los pueblos indígenas, una violación directa a los mandatos legales y judiciales que exigen tal consulta. Más de 370 mil personas indígenas de la Amazonía dependen de la conservación de los bosques, y su voz debe ser escuchada en cualquier legislación que afecte sus territorios y su forma de vida.

Además, la Ley Antiforestal ha generado preocupaciones sobre la impunidad en los crímenes forestales al establecer disposiciones que podrían resultar en el archivo de casi 1,300 procesos fiscales y judiciales en curso por delitos relacionados con la deforestación. Esto representa un retroceso en la lucha contra la degradación ambiental y la protección de los recursos naturales.

Otro aspecto crítico es el riesgo aumentado que enfrentan los líderes y defensores indígenas de sus territorios debido a las medidas permisivas de la Ley 31973, que los exponen aún más a las amenazas de las organizaciones criminales que operan en la región. Esta situación no solo pone en peligro la vida de estas personas, sino que también socava la preservación de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas.

La falta de respuesta a las demandas de los pequeños agricultores y la incompatibilidad con los estándares internacionales, como los reglamentos de la Unión Europea sobre comercio de productos libres de deforestación, son otros puntos de preocupación. La Ley Antiforestal no promueve una agricultura sostenible ni contribuye a la formalización de los agricultores, sino que facilita el uso desmedido del suelo forestal, exacerbando el problema de la deforestación.

Finalmente, la Amazonía desempeña un papel crucial en la regulación del clima global. La aceleración de la deforestación impulsada por la Ley 31973 tiene repercusiones no solo en los pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas, sino en todo el planeta, acelerando el cambio climático y sus impactos devastadores.

En conclusión, la derogación de la Ley 31973 representa un paso positivo hacia la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este es solo el primer paso en un largo camino hacia la conservación ambiental y la justicia social. Es fundamental que se siga trabajando en estrecha colaboración con los pueblos indígenas, los agricultores y otros actores relevantes para promover políticas que fomenten la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos y la preservación de nuestro invaluable patrimonio natural. La reunión técnica legal celebrada el 20 de marzo del presente año demuestra el compromiso de escuchar todas las voces y llegar a soluciones equitativas y sostenibles para todos los involucrados.

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Nota: Este blog fue producido por Impulse Law, una agencia de marketing para abogados.