La reciente publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Ley Nº 31740 ha introducido cambios significativos en la normativa anticorrupción relacionada con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta ley, aprobada por el Congreso de la República y promulgada el 13 de mayo, busca fortalecer la lucha contra la corrupción y promover el buen gobierno corporativo en el país. A continuación, se detallan las modificaciones más relevantes introducidas por esta nueva legislación:
Ampliación del alcance de los delitos: La Ley Nº 31740 ha ampliado la lista de delitos contemplados en la regulación, incluyendo nuevos delitos como la contabilidad paralela, el atentado contra monumentos arqueológicos prehispánicos, la extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio prehispánico, la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, delitos aduaneros, delitos tributarios y delitos de terrorismo, entre otros. Esta ampliación tiene como objetivo abarcar una mayor variedad de conductas delictivas relacionadas con la corrupción y garantizar que las empresas sean responsables por sus acciones.
Cambio en la denominación y objeto de la ley: La Ley Nº 31740 ha cambiado la denominación de la Ley Nº 30424, que ahora se llama «Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal». Esta modificación también ha vinculado la responsabilidad de las personas jurídicas con el proceso penal. Aunque esto podría generar cierta confusión, es importante tener en cuenta que las sanciones establecidas en la ley son de naturaleza penal y no meramente administrativa.
Regla de subsidiaridad: La nueva regulación establece de manera explícita la regla de subsidiaridad. Según el artículo 1° de la Ley N° 31740, el régimen de las consecuencias accesorias previstas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal se aplicará a aquellos delitos no contemplados en la propia ley.
Aplicación a personas jurídicas extranjeras: La Ley Nº 31740 ha incluido disposiciones específicas para regular la responsabilidad de las personas jurídicas extranjeras que realicen actividades en el territorio peruano, ya sea de forma directa o indirecta. Esto garantiza que las empresas extranjeras también sean responsables por su participación en actos delictivos relacionados con la corrupción.
Cambios en la determinación de las sanciones: La nueva legislación ha eliminado el criterio del ingreso anual de la persona jurídica para calcular el valor de las multas. En su lugar, se establecen dos supuestos: si la persona jurídica obtiene un beneficio determinable del delito, la multa será no menor al doble ni mayor al séxtuplo de dicho beneficio; si el valor del beneficio es indeterminable, la multa oscilará entre 10 y 10,000 UIT. Además, se considerarán nueve criterios para determinar la multa, como la extensión del daño causado, el tamaño y capacidad económica de la persona jurídica, la denuncia espontánea ante las autoridades y la disposición para mitigar o reparar el daño.
La Ley Nº 31740 representa un avance importante en la lucha contra la corrupción y fortalece la responsabilidad de las empresas en la prevención y combate de actos ilícitos. Estas modificaciones buscan promover una cultura de transparencia, ética y cumplimiento normativo en el ámbito empresarial, fomentando así un entorno propicio para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del país.
